La Comisión Europea propone eliminar la excepción que permite que las importaciones a la UE con un valor inferior a los 150 euros no paguen derechos de aduana. El objetivo de esta medida es luchar contra el fraude puesto que más de la mitad de estos envíos están infravalorados para sortear el gravamen.
La Comisión explicó que esta «abolición» hará que «se aplique un arancel en cada producto vendido online» hacia la UE, y defendió que «la eliminación de este umbral ayudará a atajar el fraude por subestimación de bienes que entran» al bloque y también «reducirá los incentivos de los vendedores para trocear sus envíos en paquetes más pequeños para beneficiarse de la excepción».
La medida forma parte de la reforma «más ambiciosa y amplia» de la Unión Aduanera desde que este proyecto se puso en marcha en 1968 y con la que Bruselas propone además crear una Autoridad Aduanera de la UE que centralice la gestión de datos para facilitar el trabajo de las autoridades nacionales de aduanas.
La reforma generará una nueva asociación entre aduanas respaldada por una inteligencia artificial basada en datos que simplifique masivamente o incluso elimine por completo la necesidad de declarar en aduana y un marco más moderno para el comercio electrónico que reduzca los enormes niveles de fraude en el sector e introduzca más transparencia y tranquilidad para los consumidores.
Bruselas calcula que el centro de datos les ahorrará hasta 2.000 millones de euros al año en costes de desarrollo y mantenimiento informático, mientras que, gracias a las simplificaciones propuestas, las empresas reducirán también sus costes de cumplimiento en 2.700 millones de euros al año.
En el sistema actual a menudo son varios los agentes que se encargan de los trámites aduaneros de las mercancías que entran o salen de la UE, lo que dificulta saber quién es el importador o el exportador, mientras que con las nuevas normas cada envío de mercancías estará vinculado a una empresa o persona de la UE que será responsable del cumplimiento de los pagos de derechos y las normas sobre productos.
Las propuestas legislativas se enviarán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para que inicien las negociaciones para alcanzar un acuerdo.